Cascarrabias

  #1

<h1>Diez interrogantes del sector

bancario español</h1>

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SANTIAGO CARBÓ / JOAQUÍN MAUDOS 02/05/2010
El País



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<!-- Contenido noticia -->



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<!-- Votos y comentarios -->



<!-- Fin Votos y comentarios -->















<!-- Entradilla -->

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El sector bancario español es, en estos días, un hervidero de

acuerdos, desacuerdos, encuentros y desencuentros, de estrategias y

planes contingentes ante la necesidad de su saneamiento y

reestructuración. Resulta paradójico que, casi 20 meses después de que

muchos países acometieran el saneamiento y la recapitalización de sus

entidades financieras, en España se esté aún en una fase temprana de

este proceso. Se ha argumentado que este retraso se debe a que la crisis

llegó más tarde (lo cual no es óbice para actuar con celeridad) y que

ha tenido menor impacto en el sector bancario (lo que está por ver). Tal

vez en agosto de 2007, por ejemplo, y decididamente en octubre de 2008,

debieron de saltar algunas alarmas en materia de solvencia al hacer

recapitulación de la enorme magnitud del crédito concedido a promotores,

constructores y suelo en los años precedentes. Lo que sí está claro es

que la economía política de la reestructuración bancaria en España es

compleja y, aunque la necesidad de acometerla es urgente, quedan aún

muchos interrogantes o retos a los que bancos, cajas y cooperativas

deben hacer frente, entre los cuales pueden destacarse, sin afán de

exclusividad ni orden de prioridad, 10:

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<!-- Fin de Entradilla -->

<!-- Info complementaria -->

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<!-- Despiece -->

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<!-- Despiece -->





<!-- Hermanas -->

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<!-- Fin Hermanas -->





<!-- Otros webs -->

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<!-- Otros webs -->





<!-- Fin Info Complementaria -->



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<!-- Info complementaria -->

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<!-- Tabla -->

<!-- Fin Tabla -->

<!-- Destacados -->

<div ="dato_generico">

No es descartable que la morosidad aumente más en los bancos que en

las cajas

<div ="dato_generico">

Resulta paradójico que en España se esté aún en una fase temprana del

saneamiento del sector

<div ="dato_generico">

La guerra de depósitos entre las entidades puede tener consecuencias

desestabilizadoras

<div ="dato_generico">

Las cajas de ahorro precisan cambios, sobre todo en la obtención de

recursos propios

<!-- Fin Destacados -->

<!-- El dato -->

<!-- Fin El dato -->

<!-- La cifra -->

<!-- Fin La cifra -->

<!-- La frase -->

<!-- Fin La frase -->

<!-- Las claves -->

<!-- Fin Las claves -->

1La elevada concentración del riesgo en la financiación al mercado

inmobiliario (construcción, promoción inmobiliaria y compra de

vivienda), que a finales de 2009 alcanzó los 1,11 billones de euros (el

105% del PIB). La financiación a este sector ha pasado de representar el

38,8% del total del crédito al sector privado a mediados de la década

de los noventa al 60,3% en 2009. Como botón de muestra, la tasa de

crecimiento de los créditos a promotores llegó a un máximo del 50,6% en

2006. La elevada concentración del crédito en el ladrillo ha

obligado a muchas entidades de depósito a refinanciar a promotores y

constructores en una suerte de apuesta por una reactivación del mercado

inmobiliario en España (similar al gambling for resurrection en

la terminología anglosajona). Esto ha conllevado el riesgo adicional de

la adecuada gestión de los activos adjudicados y adquiridos en dación de

pago, cuyo valor es incierto, en particular el del suelo.
2Un

segundo interrogante, ligado al primero, es el inquietante aumento de la

morosidad y el deterioro de activos, que alcanzó el 5,39% el pasado mes

de febrero y que en crédito a construcción y promoción inmobiliaria

alcanza casi el 10%. Esto obliga a las entidades a dotar cuantiosas

provisiones, de tal forma que en 2009 se ha tenido que destinar casi el

70% del margen de explotación a pérdidas por deterioro de activos.

Además, y con objeto de aliviar los efectos negativos sobre la cuenta de

resultados, tanto el Gobierno como el Banco de España han optado por

aprobar ciertos cambios. Es el caso de la relajación de la normativa de

provisiones adoptada por el Banco de España en julio de 2009 (por la

que, para determinados inmuebles, sólo hay que provisionar la parte del

préstamo que supere el 70% del valor del inmueble, y no el cien por cien

del préstamo, como ocurría antes) y el mantenimiento hasta el 31 de

diciembre de 2011 de la regla transitoria de valoración del suelo

urbanizable, de acuerdo con las determinaciones previstas en el texto

refundido de la Ley del Suelo (aprobada en el Consejo de Ministros del 9

de abril de 2010). Con este último cambio se prorroga de tres a seis

años el carácter de terreno urbanizable, aunque no se haya edificado.

Esta prórroga es un alivio para el sector, pero puede retrasar el ajuste

y aumentar las dudas foráneas sobre la transparencia y la solvencia del

sector bancario español. Asimismo, en los próximos meses cabe esperar

que la morosidad siga aumentado, y no es descartable que comience a

hacerlo de forma más acelerada en los bancos que en las cajas de ahorro.

Hasta ahora, la morosidad se ha derivado fundamentalmente del crédito

inmobiliario, pero en los próximos meses tomarán el relevo los créditos

personales y comerciales, en los que existen escasas o nulas garantías

colaterales y a los que los bancos han destinado una mayor proporción de

crédito que las cajas.
3 El modelo de negocio bancario está

abocado al cambio. El ladrillo no puede ni debe suponer el

impulso necesario que la financiación bancaria precisará en los próximos

años. La debilidad macroeconómica y la situación de los balances y las

cuentas de resultados de los intermediarios financieros no lo van a

poner fácil. El sector debe caminar hacia un nuevo modelo, con mayor know-how

en financiación de actividades con capacidad de diversificación

productiva y tecnológica. ¿Hasta qué punto estamos preparados para

impulsar este tipo de financiación en sectores industriales y de

servicios con importantes componentes de innovación? Son riesgos menos

conocidos por nuestras entidades financieras y es preciso dedicarles

recursos, algo complicado en la actual coyuntura, que hace más difícil

la transición hacia ese nuevo modelo de negocio bancario.
4 El

acceso a la financiación mayorista es un cuarto reto, complicado

teniendo en cuenta el estancamiento de los mercados interbancarios, así

como los de bonos. En esta situación, las entidades están realizando un

esfuerzo por captar depósitos, si bien la guerra del pasivo actual,

aun siendo una tendencia competitiva casi natural, puede tener

consecuencias desestabilizadoras, con una política de precios muy

agresiva por parte de algunas entidades. A ello hay que añadir, además,

la progresiva retirada de las medidas de apoyo a la liquidez del Banco

Central Europeo. Finalmente, la gestión de la liquidez va a seguir

siendo un problema si se tienen en cuenta los importantes vencimientos

de deuda previstos para los próximos meses, junto a la finalización en

junio de este año del aval del Estado a las emisiones de deuda bancaria.
5

Las fuertes presiones sobre los márgenes de las entidades bancarias son

motivo de preocupación, y no parece que vayan a ceder. Las previsiones

para 2010 no son nada halagüeñas por varios motivos: las reducidas e

incluso negativas tasas de crecimiento de la actividad en un contexto de

tasa de crecimiento negativa del PIB (del -0,4%, según el Banco de

España), la desaparición del efecto positivo sobre los márgenes de la

caída de tipos que tuvo lugar en 2009, la intensa competencia en la

captación de depósitos y la necesidad de seguir dotando provisiones para

hacer frente al esperado aumento de la morosidad.
6 El rating

sigue siendo crucial y la evolución reciente no ha sido muy favorable.

La crisis de la deuda en Europa ha concedido un mayor papel, si

cabe, a las agencias de calificación, que condicionan de forma

significativa las decisiones de inversión en los mercados financieros de

todo el mundo. Teniendo en cuenta la situación de España, resulta un

ejercicio ilustrativo recordar algunos de los criterios que las agencias

de rating consideran para adoptar sus calificaciones, como son

la resistencia económica del país o la solidez financiera del Estado. La

determinación de la calidad de la deuda soberana es fundamental,

además, para el rating de cualquier institución financiera. De

ahí que el Gobierno se apresure a despejar las dudas que puedan surgir

sobre la calidad de la deuda soberana española, más aún cuando el acceso

a los fondos del FROB por parte de las entidades de depósito requiere

del mantenimiento de un rating elevado. Y sobre todo, tras la

rebaja de esta semana por parte de S&amp;P del rating de la deuda

española, influenciada por la bajada de la calificación de las deudas

griega y portuguesa.
7 Hay un exceso de capacidad instalada en el

sector y, aunque el ajuste ya ha comenzado (desde septiembre de 2008 se

han cerrado 1.700 oficinas), queda mucho por hacer. Durante muchos años,

la extensa red de oficinas bancarias en España ha procurado un elevado

nivel de servicio y cercanía al cliente, pero la dimensión de esta red

es ya desproporcionada para la demanda y la actividad vigentes, máxime

teniendo en cuenta que la oficina es el principal factor generador de

costes.
8 El crédito no crece, ni parece que vaya a hacerlo en

breve. La vía para lograrlo en cuantía suficiente es a través de las

entidades financieras, por lo que cualquier financiación atípica

(por ejemplo, del ICO) solamente puede ser un complemento. En un

contexto como el actual, el aumento de la financiación crediticia en

España no puede conducirse ni impulsarse de forma artificial, algo que

llevaría a una mayor morosidad. Por el lado de la oferta, tan sólo la

reestructuración y el saneamiento del sector pueden propiciar las

condiciones adecuadas para la expansión del crédito. Por el lado de la

demanda, a las débiles expectativas de crecimiento se une un exceso de

capital con reducida intensidad de uso que disminuirá la inversión en

los próximos años y, por tanto, el potencial de demanda de créditos, lo

que redundará en la mencionada reducción de la red de oficinas. En

cualquier caso, la economía española -muy dependiente de la financiación

bancaria- difícilmente puede acometer una recuperación sin crédito (creditless

recovery).
9 Se está debatiendo una regulación de

solvencia que probablemente será muy exigente en el nuevo marco de

Basilea III y que se pretende poner en marcha a finales de 2012. En todo

caso, las iniciativas del Banco Internacional de Pagos (BIS) van

destinadas a incrementar la cantidad y calidad (menos instrumentos

híbridos y más core capital) de capital, ampliar los riesgos

cubiertos, penalizar el endeudamiento (introduciendo una ratio de

apalancamiento), reducir la prociclicidad y promover la creación de buffers

de capital. Estos cambios afectan potencialmente más a las cajas de

ahorro, por su propia naturaleza de entidades fundacionales sin capital

por acciones. Gana terreno, por tanto, el papel de las cuotas

participativas, ya que, en el marco actual, parece la única fuente con

la que las cajas pueden aumentar su core capital.
10 Por

todo lo anterior, y aunque se ha mencionado colateralmente en algunos de

los interrogantes anteriores, aparece con identidad propia la necesidad

de acelerar el proceso de reestructuración y recapitalización y de

acompañarlo, como parece que se está debatiendo, de otras reformas. El

mismo texto que regula el FROB (RDL 9/2009) considera la viabilidad como

el principal logro demostrable y exigible a las instituciones

financieras, en las que la diligencia de los administradores es

fundamental. Es necesario, más aún cuando en ello tercie dinero del

erario público, establecer responsabilidades, aplicar disciplina a los

gestores que no hayan sido diligentes y establecer mecanismos de acción

temprana para que este tipo de problemas de gestión y de supervisión no

vuelvan a producirse. La evidencia y la urgencia de reestructuración

parecen abocar a las instituciones con mayores problemas de solvencia a

la vía de las fusiones puras. En medio de este conjunto de proyectos y

rumores de integración -bien mediante fusiones puras o mediante Sistemas

Institucionales de Protección (SIP)- se plantea, además, la reforma de

la regulación relativa a las cajas de ahorro, que precisan cambios,

sobre todo en materia de obtención de recursos propios. La alternativa

mencionada de las cuotas participativas es la vía natural de esta

mejora, incluso con derechos políticos, lo que les conferiría aún mayor

atractivo para su salida al mercado. Puede ser interesante observar la

experiencia de otros países, como Noruega, en los que se dio la opción

de incorporar los derechos políticos, lo que ha dotado de flexibilidad a

un número importante de cajas sin desnaturalizarlas. Cualquier otra

reforma destinada a reforzar la profesionalización, a reducir las

interferencias políticas y a evitar los actuales conflictos derivados de

la regulación compartida entre Estado y comunidades autónomas sería una

buena noticia que ninguna caja bien gestionada rehuiría.
A estos

10 interrogantes y retos -que pueden leerse con mayor extensión en el

número 215 de Cuadernos de información económica de Funcas-

podrían añadirse otros, como la oportunidad del ciclo político y sus

efectos en la velocidad del proceso de reestructuración. La economía

política de las reestructuraciones está condicionada por intereses

creados y presiones de diversa índole que en determinadas fases del

ciclo político estrechan especialmente el cerco sobre la acción pública.

Es preciso, además, contar con más y mejor información y herramientas

de diagnóstico. No se puede abogar únicamente por valores de mercado,

pero la excesiva dependencia de los valores contables puede generar

desconfianza en los mercados sobre la exposición al riesgo y la

solvencia de las entidades españolas. Si la transparencia informativa

hubiera sido mayor, es posible que los analistas (incluyendo los

académicos) hubieran alertado mucho antes de los problemas del sector.

Es posible poner a disposición más datos sobre composición de balances y

riesgos incurridos sin que ello vulnere políticas de confidencialidad

ni suponga alteración competitiva alguna. Esta disponibilidad tan

limitada contrasta con la existente en otros países, como es el caso de

EE UU con los call reports que exige el FDIC (el equivalente al

Fondo de Garantía de Depósitos en España) y que se ponen a libre

disposición pública en Internet. Entre la precaución y la transparencia,

seguro que existe un camino intermedio.
La precisión sobre la

valoración es importante también en el reconocimiento de la pérdida

esperada en el sector. Mientras que este reconocimiento se hizo expreso

en buena medida en otoño del 2008 por la mayor parte de los países que

inyectaron capital a sus sistemas financieros, en España existen aún

todo tipo de cábalas y estimaciones sobre la principal fuente de

nuestros problemas, la exposición al sector inmobiliario y sus

consecuencias. Si las cantidades necesarias para resolver el problema de

solvencia fueran aquellas que ya se han solicitado de forma más o menos

explícita al FROB o las que parece sugerir el FMI en su último informe,

el problema no parecería ser muy importante. Pero, frente a esas

estimaciones, existe un amplio rango de variación, a juzgar por las

cifras aportadas en otros informes. Por tanto, es importante despejar

incertidumbres y conocer si la pérdida esperada del sector, bajo

determinadas hipótesis, se acerca, iguala o supera al potencial previsto

en el FROB de 99.000 millones de euros.
La estrategia actual de

proponer reformas con un coste fiscal cero o sin un reconocimiento y una

resolución explícita de la pérdida por el deterioro de activos parece,

cada vez más, insuficiente. El propio marco del FROB podría arbitrar

estas soluciones, pero debería contar con más flexibilidad. Este cambio

hipotético en el enfoque de las ayudas a la solvencia y el saneamiento

no tendría por qué ser más gravoso que la más que probable prórroga de

la aplicación del FROB. Sin embargo, algunos países occidentales fueron

más allá y asumieron la necesidad de "soluciones menos convencionales"

-criticadas por algunas voces autorizadas, como el premio Nobel Joseph

Stiglitz-, pero sólo el tiempo dirá si los posibles costes sobre el

contribuyente en el corto plazo no hubieran sido mayores sin estas

acciones. Lo que sí es cierto es que con las iniciativas que un número

importante de países tomaron en otoño de 2008 se ha conseguido eliminar

gran parte de la incertidumbre que se cernía sobre sus sectores

bancarios. En España, los próximos meses dirán, necesariamente, mucho al

respecto. -

<!-- Tabla -->

<!-- Fin Tabla -->

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Santiago Carbó Valverde es catedrático de Análisis

Económico de la Universidad de Granada. Joaquín Maudos Villarroya

es investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas

(IVIE) y profesor titular de la Universidad de Valencia.

Vive en el lado oscuro. Es más divertido

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