BILLONES

  #1

Correa sale de la cárcel de Soto del Real tras pagar la fianza de 200.000 euros .

CUANTO HABRAN ROBADO .Si le llegan a poner 1.000.000 , pues lo pagan .

El presunto "número uno" de la trama "Gürtel", Francisco Correa, ha salido hoy de la prisión de Soto del Real (Madrid), en la que se encontraba desde febrero de 2009, tras pagar la fianza de 200.000 euros que le ha impuesto el juez de la Audiencia Nacional.
En medio de una gran expectación mediática, Correa abandonaba a las 21.50 horas el centro penitenciario, a cuyas puertas le esperaba desde las cuatro de la tarde un Mercedes oscuro, con los cristales tintados.
El presunto cerebro de la trama de corrupción investigada en el "caso Gürtel", que a partir de ahora tiene obligación de comparecer diariamente en el juzgado -los lunes en la Audiencia Nacional- y la prohibición de abandonar el territorio nacional, ha salido de la cárcel con gesto tranquilo y portando dos maletas con sus pertenencias

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valle

  #2

Que verguenza de pais.

Si quieren detener a la verdadera mafia, vallan a wall street. (alcapone)

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BILLONES

  #3

ESTE JETA , HA DEFRAUDADO QUE SE SEPA 39 MILLONES DE EUROS .

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BILLONES

  #4

Iñaki Urdangarin está cada día que pasa un poco más cerca de prisión. La investigación judicial que lleva a cabo el juez José Castro está permitiendo arrojar un reguero de pruebas contra el duque de Palma. Y no sólo por un presunto delito de engaño a la Administración Pública, sino también por evasión de capitales y posible fraude fiscal.

Entre otros documentos, la Policía Judicial ha encontrado el contrato que vincula al Instituto Nóos y la red de Urdangarin con su principal testaferro en Belice: Gustavo Newton Herrera.
Se trata de una persona de nacionalidad panameña, que firmó un contrato con Diego Torres, el socio de Urdangarin, en calidad de administrador de Skyline Associates, sociedad que a su vez es administradora única de Blossomhill Assets, la firma domiciliada en Belice que el Instituto Nóos habría utilizado para desviar el dinero.
LUEGO SE TAPARA TODO

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BILLONES

  #5

ALGUNOS DATOS SOBRE SUELDOS DE POLÍTICOS(MURCIA)Y CASOS DE CORRUPCIÓN EN LA REGIÓN DE MURCIA
LA DESVERGÜENZA DE NUESTROS POLÍTICOS
Sus sueldos congelados, y otras prebendas, en pesetas...
(De VEGAMEDIAPRESS)



GOBIERNO DE LA REGIÓN (PP)
8 mil millones de pesetas año en gratificaciones, asesores personales, material de oficina y llamadas de teléfono.

EDUARDO CONTRERAS (Alcalde Molina. PP)
14.089.234 pesetas sueldo año más gastos protocolo.

FRANCISCO BLAYA (Alcalde Mazarrón. PP)
13.976.424 pesetas sueldo año.

MAZARRÓN. 7 CONCEJALES DEL PP LIBERADOS A RAZÓN DE
7.578.882 pesetas sueldo año cada uno.

FRANCISCO GARCÍA (Concejal PSOE Mazarrón)
En la oposición
7.578.882 pesetas sueldo año.

JOSÉ LUIS LÓPEZ AYALA (Alcalde de Villanueva. 2.000 habitantes.PP)
197.000 pesetas mes. 14 pagas.
Compatible con negocio de asesoría.

JOSÉ BOLARIN (Alcalde Ulea, 800 habitantes. PP)
690.502 pesetas mes.

VICTOR MANUEL LÓPEZ (Teniente alcalde Ulea. PP)
317.784 pesetas mes más gastos.

MIGUEL ANGEL CANDEL (Alcalde Ricote. 1.300 habitates.PP)
549.074 pesetas sueldo mes.
166.000 pesetas mes gastos sociales.
A tiempo parcial para atender sus clínicas veterinarias en Archena y Blanca
5 concejales del PP con sueldos de 83.193 pesetas mes.


MIGUEL ÁNGEL CÁMARA (Alcalde de Murcia. PP)
13.000.000 pesetas sueldo año.
60.000.000 pesetas año gastos alcaldía.

JUAN RAMÍREZ (Alcalde Águilas. PP)
10.500.000 pesetas año.

CLARA VALVERDE (Concejala PP Águilas)
5.600.000 pesetas año

LÁZARO MELLADO (Alcalde Alcantarilla.PP)
12.000.000 pesetas sueldo año.
55.000.000 pesetas protocolo alcaldía.

YOLANDA MUÑOZ (Concejala PP Las Torres)
9.317.616 pesetas sueldo año.

RAMÓN ROMÁN (Concejal Águilas PSOE)
En la oposición
4.900.000 pesetas año.

PILAR BARREIRO (Alcaldesa Cartagena. PP)
249.579 pesetas por cada asistencia a pleno municipal, más sueldo de diputada del Congreso.

ANTONIO TAMAYO (Alcalde de Cieza. PP)
9.117.953 pesetas sueldo año.

JOAQUÍN RUIZ (Concejal Cieza. PP)
10.222.589 pesetas sueldo año.

MARÍA ANTONIA GIMÉNEZ (Concejal Cieza. PP)
10.222.589 pesetas sueldo año.

CONCEPCIÓN MARÍN BLAZQUEZ (Concejal Cieza. PP)
10.222.589 pesetas sueldo año.

MARÍA JOSÉ GARCÍA (Concejal Cieza. PP)
10.222.589 pesetas sueldo año.

MIGUEL NAVARRO (Alcalde Campos del Río. 2.000 habitantes. PSOE)
7.395.858 pesetas sueldo año.

PEDRO JOSÉ MARTÍNEZ (Concejal Archena. PP)
6.169.593 pesetas sueldo año.

PATRICIA FERNÁNDEZ (Concejala Archena. PP)
4.113.062 pesetas sueldo año.
Liberada a 3/4 de jornada. Atiende a los vecinos 6 horas a la semana.

JESÚS ANSELMO GARCÍA (Concejal Archena. PP)
4.113.062 pesetas sueldo año.
Liberado 3/4 de jornada.

FUENSANTA CANO (Concejala Archena. PP)
4.113.062 pesetas sueldo año.
Liberada 3/4 jornada.

ROSARIO NAVARRO (Concejala Archena. PP)
3.084.796 pesetas sueldo año.
Liberada 1/2 jornada

LA MAYORIA NO ESTA PREPARADA NI PARA CAVAR PATATAS EN LA HUERTA

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BILLONES

  #6

ABANILLA. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cieza está investigando si unos documentos solicitados por el Grupo Municipal Socialista son verídicos o han sido falseados, para lo cual llamó a declarar en calidad de imputados al primer teniente de alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco (PP), al secretario municipal, Miguel Castillo López, y al ingeniero del ayuntamiento de Murcia, José Enrique Pérez González. Este funcionario redactó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, pero unos meses antes de que el Pleno municipal aprobara inicialmente el plan compró junto con un socio 380.000 metros cuadrados de terreno, que pasaron de agrícolas a urbanizables, "porque así lo propuso él mismo al pleno municipal, firmando después un convenio urbanístico con el alcalde Fernando Molina", según denunció la portavoz del PSOE en Abanilla, María Dolores Saurín.

ABARÁN. El alcalde de Abarán (PP) y dos concejales, el de Personal y el de Hacienda, así como otros miembros del consistorio, han sido llamados a declarar, en calidad de imputados, por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cieza, que investiga una presunta malversación de fondos a raíz de una denuncia de UGT.

ÁGUILAS. Hubo tres detenidos (entre ellos, el ex-consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Francisco Marqués) y una decena de imputados, incluido el empresario Trinitario Casanova Abadía y el alcalde, Juan Ramírez Soto (PP), así como dos ex-directores generales de la Consejería dirigida por Marqués. Se investiga todavía la reclasificación de un espacio protegido: La Cerrichera.

ALCANTARILLA. Una juez ha abierto juicio oral contra el alcalde de Alcantarilla, Lázaro Mellado (PP), al que le pide seis años de prisión por contaminar el río Segura. No hay información reciente de la celebración o archivo del caso.

CARAVACA. El Fiscal Anticorrupción investiga la reclasificación de un terreno en beneficio de la empresa Golden Sky, relacionada con la trama destapada en Librilla.

CARTAGENA. Un juzgado de Cartagena investigaba hasta hace unos meses el intento de reclasificación de la finca de Lo Poyo, en cuya intermediación participó Roca, el principal imputado en la Operación Malaya de Marbella, y por el que la Kutxa y varios socios pagaron 240 millones antes de ser urbanizable. El propio presidente Valcárcel paralizó el expediente al reconocer que era una situación anormal. En el caso de Novo Carthago, terreno aledaño al anterior de Lo Poyo, la empresa investigada por la Justicia es Hansa Urbana, propiedad al 15% de la Caja Mediterráneo (CAM).

CEUTÍ. Un juzgado investiga al ex-alcalde socialista de Ceutí, Manuel Hurtado, por prevaricación. En estos momentos, este político, que perdió las elecciones municipales de 2007, es senador.

CIEZA. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia presentó una querella en el Juzgado de instrucción número uno de Cieza contra el alcalde, Antonio Tamayo (PP), por un presunto delito de prevaricación continuada tras la contratación de dos trabajos de consultoría, durante el año 2006, que el Ayuntamiento habría adjudicado de manera verbal a una arquitecta por valor de unos 50.000 euros. Asimismo, estudia la aprobación de un convenio urbanístico en el que se reclasifican 270 hectáreas de suelo rústico en los cuales se pretenden construir 5.000 nuevas viviendas. La oposición denunció este convenio porque de las 270 hectáreas, 230 son de una nuera del alcalde.

FORTUNA. Un juzgado de Cieza ha decidido imputar al actual alcalde del PP y a dos ediles más, después de que la concejala de su mismo partido, María Dolores García, les acusara públicamente, ante los tres magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia, de haber comprado votos en las elecciones locales de este municipio en 2003, a cambio de empleos municipales y vales de comida. En estos comicios, el PP resultó vencedor por primera vez con mayoría absoluta.

FUENTE ÁLAMO Y TORRE PACHECO. En esta trama hay 14 imputados, entre ellos Daniel García Madrid (PP), alcalde de Torre Pacheco. Éste fue detenido junto a un funcionario tras aprobar una permuta que perjudicó económicamente al Consistorio. La magistrada de San Javier sigue investigando en los ayuntamientos murcianos de Torre Pacheco y Fuente Álamo la comisión de los presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraude y revelación de secreto, siendo el empresario Facundo Armero (socio fundador de Polaris, junto con Pedro García Meroño, a quien luego vendió su participación en la empresa) el principal sospechoso de encabezar la trama de corrupción. Los últimos acontecimientos parecen demostrar la presunta existencia de financiación corrupta del PP en el municipio de Fuente Álamo, pese a que inicialmente se había archivado esta parte de la causa. Uno de los escoltas del empresario Armero reconoció haber llevado importantes sumas de dinero a los alcaldes de Fuente Álamo y de Mazarrón. Llama la atención, a modo de curiosidad, que quien fue durante tres años guardaespaldas de Armero, se encargara también de vigilar y ocultar en 2003 a los tránsfugas de la Asamblea de Madrid, Tamayo y Sáez, que posibilitaron la llegada de Esperanza Aguirre al Gobierno de la Comunidad de Madrid.

LIBRILLA. En la Operación Biblioteca hubo cinco detenidos, entre los que se encontraban el alcalde, Pedro Martínez, y el teniente alcalde y edil de Urbanismo, Pedro García, por supuestas adjudicaciones irregulares a empresas de los funcionarios encargados de contratarlas. Al igual que en el punto anterior, en esta operación de la Guardia Civil aparece la financiación corrupta del PP. Uno de los empresarios favorecidos por las adjudicaciones de obra pública, Domingo Peñalver fue detenido, y en la declaración ante el juez se auto inculpó del delito de cohecho al asegurar que realizó diferentes pagos al alcalde de Librilla y al concejal de Urbanismo para financiar el Partido POPULAR de este municipio, entre otras cosas.

LORCA. En la Operación Reciclaje o Caso Limusa, el ex-director de los servicios de la empresa municipal de limpieza de Lorca (Limusa), Francisco Gil Eguino, fue detenido como supuesto autor de un delito de fraude al utilizar las dependencias municipales para la gestión de sus empresas. Unas 70 sociedades están siendo investigadas. Posteriormente, fueron arrestadas otras siete personas en relación a esta trama, entre ellas el ex-alcalde socialista Miguel Navarro.

LOS ALCÁZARES. En la Operación Ninette, hay seis detenidos. Entre las dos personas que tuvieron que abonar fianza para eludir la cárcel está el ex-alcalde del PSOE Juan Escudero, que pagó 60.000 euros. En esta operación declaró el cartagenero Juan Antonio Roca, detenido en Marbella como principal acusado en la Operación Malaya, y con importantes intereses en su región natal. En esta trama, hay otros catorce imputados. Entre los detenidos está el empresario Valero Garcerán, que aparece en las conversaciones grabadas por la Guardia Civil en la investigación del ayuntamiento de Torre Pacheco, exigiendo que el alcalde dejara una obra desierta para después adjudicársela modificando el proyecto en su beneficio.

MAZARRÓN. El juez investiga, de momento, a concejales de la oposición por compra de votos. Ellos implicaron, a su vez, a varios miembros del equipo de Gobierno municipal del PP.

MULA. El ex-concejal de Urbanismo, Leandro Pérez de los Cobos (PP), fue denunciado por la Fiscalía por recalificar terrenos que habían sido de su propiedad.

MURCIA. En este municipio, que es la capital de la Región, hay al menos tres causas abiertas. La primera de ellas atañe al arquitecto municipal, Joaquín Peñalver, que permanece en excedencia. La Fiscalía lo denunció por favorecer presuntamente a una empresa propiedad de familia desde su puesto de funcionario. Por otro lado, el Colegio de Arquitectos presentó un recurso contencioso-administrativo contra la actualización del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Murcia. Y, por último, en la Operación Umbra, iniciada en octubre de 2010, han sido detenidas tres personas, entre ellas el gerente municipal de Urbanismo, e imputadas otras cinco, entre ellas el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena (PP), y el dueño del Real Murcia, Jesús Samper.

OJÓS. El alcalde de Ojós, Francisco Salinas, de los independientes, fue detenido por presunta corrupción de menores (fotografías pornográficas). La familia del joven implicado recibía ayudas sociales del consistorio.

SAN JAVIER. El ex-alcalde de San Javier, José Hernández (PP), fue detenido junto a dos empresarios del municipio. Por el caso de Puertomayor, en el municipio de San Javier, están imputados también los ex-directores generales Antonio Alvarado y Marcos Ortuño Soto, siendo este último concejal del PP de Yecla.

SANTOMERA. La Fiscalía ha pedido la apertura de juicio oral contra el presidente de la empresa Áridos del Mediterráneo, Pedro García Balibrea (presidente de la Cámara de Comercio de Murcia), y contra el ex-alcalde de Santomera, José Antonio Gil Sánchez (PSOE), por delitos medioambientales ocasionados por la explotación de la cantera ‘El Zacacho’ sin licencia.

TOTANA. En la llamada Operación Tótem se investiga una trama de corrupción de la anterior corporación del PP y de la actual, por la presunta exigencia de comisiones ilegales para recalificar terrenos. Hay catorce detenidos y cuatro imputados más. Entre los arrestados estaba el alcalde del PP, José Martínez Andreo, que permaneció dos meses en prisión, de la que salió tras abonar una fianza de 70.000 euros. Entre los imputados se encuentra el diputado expulsado del PP Juan Morales, ahora en el Grupo Mixto de la Asamblea Regional. Una docena de imputados en la Operación Tótem, que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en Totana, se sentarán finalmente en el banquillo de los acusados, según se les ordena en un auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

ULEA. El alcalde, José Bolarín Cano (PP), fue denunciado por la oposición por presuntos delitos urbanísticos y tráfico de influencias por favorecer presuntamente la reclasificación de terrenos propiedad de su suegro. Además, se le investiga en relación a la Operación Biblioteca de Librilla.

VILLANUEVA DEL SEGURA. El alcalde, José Luis López de Ayala (PP), fue objeto de una querella de la oposición por otorgar la licencia para construir una urbanización en una zona de dominio público hidráulico del río Segura.

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Alejandro

  #7

joder billoneti te veo con ganas de guerra ultimamente

La vida siempre te da una segunda oportunidad, se llama mañana

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galgito

  #8

esta mas encabronado que yo con el pp y ya es decir
esta que se sale

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Alejandro

  #9

Dale fuerte, que no quede ni uno

La vida siempre te da una segunda oportunidad, se llama mañana

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BILLONES

  #10

Tenemos que denunciar a los culpables del derroche .Y los culpables son los politicos no nosotros .
Los ayuntamientos son agencias de colocacion de enchufados ,me han subido el IBI , EL IMPUESTO DE TRACCION MECANICA ,LAS MULTAS , EL AGUA , LA LUZ , EL IMPUESTO DE BASURAS . El OTRO dia fui al ayuntamiento y tenian trabajando a toda la familia del alcalde , de los concejales , del secretario etc

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galgito

  #11

estamos los peperos que pake
igual que los del pesoe en las anteriores
iremos de cañas en las proximas elecciones ,si es que no quiero verlos alejandro an terminado con mi paciencia .............. quiero revolucion joder y no pagar a los bancos
y lo digo en serio

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BILLONES

  #12

Montoro: "Los Ayuntamientos no son oficinas de colocación"

Que lo saben y no hacen nada .

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galgito

  #13

y para que ellos vivan como yupis nosotros nos juvilaremos a los 67 de momento y dice hoy la coe que con el 25% menos de paga
que felizzzzzzzzzzzzzz soooooy

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BILLONES

  #14

Jubilarnos
Con la deuda que tenemos que pagar mas los intereses , no creo que nos llegue .

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franeli13

  #15

A ver si un dia miras lo de los eres...no estaria mal

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carlos_maria

  #16

No se puede tener a una persona 3 años preventivamente en la cárcel sin juicio. Es una vergüenza de nuestro sistema ¿Y si, casualidades de la vida, jejeje,... sale absuelto?

También me puedes encontrar en : http://labolsaporcarlosmaria.blogspot.com

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BILLONES

  #17

La expresión «fondo de reptiles» procede de la época de la unificación de Alemania. El canciller Otto von Bismarck disponía de fondos robados en las guerras a sus enemigos. Con aquellos fondos financiaba propaganda a su favor y silenciaba a sus críticos (a los que él llamaba reptiles). La prensa utiliza este término para referirse al uso, presuntamente fraudulento por parte del PSOE, de los fondos de dinero público destinado a prejubilaciones, después de que utilizara este término por primera vez Francisco Javier Guerrero Benítez, ex director general de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.[4] También se emplea dicho término para los fondos secretos que la policía emplea, presuntamente, en pagar delatores.
[editar] Descripción del fraude

Desde el año 2000 hasta la actualidad, la Junta de Andalucía ha subvencionado prejubilaciones en 68 empresas que se acogieron a los planes gubernamentales de empleo.[5] El total del fondo destinado a ayudar a estas empresas durante este período, el llamado fondo de reptiles, ascendió a 647.869.157,45 euros, de los cuales 560 millones se utilizaron para pagar las prejubilaciones de los ERE, y los 87 millones restantes tuvieron el fin de respaldar procesos de reestructuración de empresas en crisis.[6]
La prejubilación es una fórmula de finalización de contratos laborales, utilizada por acuerdo entre las empresas, los trabajadores y en su caso la Administración, si participa en la financiación de estas. Pese a ser una fórmula que por sí misma no constituye una ilegalidad (de hecho, la práctica de la prejubilación está ampliamente extendida en las empresas españolas),[7] su uso en este caso está cuestionado por la Policía Judicial.[8]
El fraude se produce en la inclusión de falsos prejubilados en los expedientes de regulación de empleo de las empresas beneficiadas del fondo.[9] La investigación interna ha detectado 183 prejubilaciones irregulares en un total de 5.982 casos analizados, lo que supone el 3,06% del total, en 42 de las 68 empresas beneficiadas del fondo.[10] De las 183 irregularidades, 111 corresponden a trabajadores que cobraban una prejubilación mayor que la que les correspondería, y 72 eran personas infiltradas que jamás trabajaron en estas empresas. Entre los prejubilados irregulares, se encontraron a ocho militantes del PSOE,[11] que fueron expulsados del partido inmediatamente después de ser descubiertos en los EREs.[12] También se descubrió a un militante del Partido Popular entre los presuntos casos irregulares.[13] El resto de las prejubilaciones no presentaba ninguna anomalía.
Con todos los expedientes analizados, la investigación de la Consejería de Empleo, enviada a la jueza del caso, ha calculado que el 1,12% del fondo, es decir, aproximadamente nueve millones de euros, acabaron en las falsas prejubilaciones mencionadas arriba.[14] El resto habría ido a financiar las prejubilaciones restantes que no presentaban anomalías; sin embargo, la oposición del Partido Popular no cree en los datos de la Consejería de la propia Junta (que está implicada en la trama, ver abajo) y ha afirmado en repetidas ocasiones que la totalidad del fondo se ha utilizado de forma fraudulenta.[15] [16] El principal partido de la oposición también estima que existen 190 EREs ya finalizados que no han sido investigados y en los que podría haber prejubilados falsos, igual que en los EREs analizados por la Junta.[17]
[editar] Ayudas fraudulentas a empresas

Las subvenciones para empresas en crisis, como se indica arriba, ascendieron a 85 millones de euros. Estas eran gestionadas por el director general de Empleo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero Benítez, de una forma totalmente discrecional y arbitraria, sin ningún tipo de trámite ni control gubernamental o parlamentario. Guerrero llegó a autorizar peticiones de ayudas que le llegaban en un post-it.[18] La investigación de la jueza Mercedes Alaya ha dado a conocer que Guerrero otorgó 887 subvenciones de forma irregular. Ante estos datos, la jueza decretó el ingreso en prisión de Guerrero.[19]
Más de la mitad de estas subvenciones (50 millones de euros) tuvieron como destino a municipios de la Sierra Norte de Sevilla cuyos alcaldes eran del PSOE.[20] Entre los imputados por este fraude está Ángel Rodríguez de la Borbolla, alcalde de Cazalla de la Sierra, hermano del ex-presidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla y accionista de tres empresas que recibieron más de 6 millones de euros del "fondo de reptiles".[21]
El propio director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, se autorizó a sí mismo y a su chófer, Juan Francisco Trujillo, ayudas por valor de un millón y medio de euros, con el fin de constituir dos empresas y una granja de pollos en la Sierra Norte de Sevilla. El chófer de Guerrero anunció ante los medios que con ese dinero no se formó ninguna empresa, sino que fue gastado en cocaína, copas y prostitución.[22] . Igualmente, Trujillo también reconoció que sobornaba a Guerrero para conseguir más subvenciones.[23]
[editar] El método de investigación

La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía está colaborando con la jueza del caso en la investigación de las irregularidades de los EREs.[24] A principios de marzo del mismo año el caso se elevó a la fiscalía anticorrupción, afirmando el Fiscal General del Estado Conde-Pumpido que analizaría la documentación exhaustivamente y llegaría "hasta el final".[25]
La jueza que investiga el fraude está casada con Jorge Castro, que trabajó como auditor de la empresa Mercasevilla. Una denuncia contra dicha empresa fue el origen de la causa. El hecho de que el marido de la juez Alaya trabajara para ella ha servido de base para que un abogado haya presentado un escrito ante la juez para que esta aclare la "presunta lógica animadversión" entre su marido y Mellet, el director de la empresa investigado, que fue precisamente el que despidió a su marido por una negligencia continuada en el ejercicio de auditoria, detectada por una auditora externa encargada precisamente por Mellet, descontento con la situación que encontró al ser nombrado para el puesto. Dicho abogado preguntó a la instructora si ella había recibido "asesoramiento técnico extraprocesal" que pudiera haberle hecho perder su imparcialidad como instructora de la causa. Alaya rehusó hacer declaraciones para esta informacion.elpais
Desde febrero de 2011, el Parlamento andaluz está rechazando sistemáticamente la creación de una comisión de investigación para los ERE, mediante el veto de la mayoría absoluta del PSOE-A.[26] El Partido Socialista defiende el modelo utilizado de investigación interna y asistencia a la jueza y argumenta que el establecimiento de una comisión haría la investigación más larga y engorrosa.[27] Por su parte, los otros dos partidos de la cámara autonómica, el Partido Popular e Izquierda Unida, sospechan que la negativa del PSOE a crear la comisión parlamentaria se debe a que el propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán, estaría inmerso en la trama corrupta y sus compañeros de partido tratan de encubrirle. Los dos partidos opositores tienen intención de seguir pidiendo la creación de esta comisión de investigación y en el caso del Partido Popular, su portavoz Javier Arenas ya ha pedido la dimisión del presidente autonómico. Griñán ha contestado a estas peticiones afirmado que ni él ni ninguno de los actuales parlamentarios socialistas está implicado en la trama de los EREs irregulares.[28]
El 16 de marzo de 2011 la jueza Mercedes Alaya admitió la presentación de la Junta de Andalucía como acusación particular en el caso. Tanto la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, como el titular de Empleo, Manuel Recio, comparecieron para hacer constar su intención de recuperar todo el dinero que se haya pagado en las prejubilaciones falsas o irregulares descritas arriba.[29] [30]
[editar] Personajes públicos implicados

La Fiscalía ya ha solicitado una pena de inhabilitación de 21 meses y una multa de 900.000 euros para Antonio Rivas, exdelegado de Empleo en la provincia de Sevilla y considerado como el director de la presunta trama.[31] Rivas ya ha dimitido de su cargo.[32] El Partido Popular se ha presentado como acusación particular contra Rivas y el director de Mercasevilla, para los que pide penas de un año de prisión, 13 años de inhabilitación y multas de 3,6 millones de euros.[33]
De las presuntas prejubilaciones fraudulentas encontradas en el "fondo de reptiles", probablemente la más destacada sea la de Antonio Fernández García, ex-consejero de Empleo de la Junta durante la mayor parte de la realización de la trama. Fernández, incluido en el ERE de la empresa vinícola González Byass, figuraba en dicho expediente como trabajador de la empresa desde el día de su nacimiento.[34] El 14 de marzo de 2011 Fernández fue imputado por tres delitos, de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias.[35]
Otro caso con gran repercusión es el de Francisco Rodríguez Donaire, exalcalde y actual consejero socialista del ayuntamiento de Valverde del Camino (Huelva). Durante un tiempo trabajó como administrativo en las minas de Ríotinto, empresa beneficiada del fondo, pero en el ERE de esta empresa, Rodríguez Donaire figuraba como minero, con una prejubilación mucho más cuantiosa que la que le habría correspondido con su auténtico empleo (administrativo). Rodríguez Donaire asegura que nunca percibió ninguna prejubilación al ser incompatible con su sueldo de concejal.[36]
Ramón Polo, militante del Partido Popular y exconcejal de La Carolina (Jaén), es otro de los cargos políticos hallados entre los prejubilados irregulares de los ERE. Polo figuraba como prejubilado en el ERE de la empresa Gres de Vilches, donde sólo había trabajado 170 días.[13] El portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, compareció al conocer este caso, pidiendo explicaciones de cómo un empleado de esa empresa pudo prejubilarse con tan pocos días de servicio. El presidente del PP de la provincia de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, respondió inmediatamente a las palabras de Mario Jiménez, afirmando que la inclusión de Ramón Polo en el ERE de Gres de Vilches es una treta del PSOE.[37]
Cristina Ruiz, candidata incluida en la lista del PP a la alcaldía de Córdoba consiguió que su padre fuera asegurado en un ERE para una empresa en la que nunca trabajó, y, como gerente de PROMI, una empresa especializada en la atención a minusválidos, participó en un ERE en el que se colaron 18 "intrusos".[38]
El 7 de abril de 2011, el teniente de alcalde de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, de Izquierda Unida, fue imputado por participar en la venta, que los denunciantes estimaron fraudulenta, ya que el precio fijado fue inferior a los de mercado de entonces, aunque muy superior a los actuales, del suelo de Mercasevilla, una de las empresas en las que se detectaron irregularidades, para que las Viviendas de Protección Oficial que pensaban construir sobre él resultasen más baratas que los precios de mercado, lo que fue aprobado por unanimidad por el Consejo de Administración de Mercasevilla, incluídos los votos del Partido Popular.[39] Pese a esta acusación, Torrijos se presentó como candidato de IU a la alcaldía de Sevilla en las elecciones del 22 de mayo y fue elegido concejal.[40] El Partido Andalucista, que perdió todos sus escaños en el Ayuntamiento de Sevilla en las elecciones anteriores, solicitó su renuncia.[41] [42]
En diciembre de 2011 el ex-jugador de fútbol vasco, Pizo Gómez, fue acusado de cobrar un cheque de 460.742€ a su nombre por impartir su empresa, "Cenforpre", unos cursos de Prevención de riesgos laborales.[43]
Álvaro, hijo de Ruiz-Mateos, tenía una póliza a su nombre por valor de 2,4 millones de euros, en lugar de tenerla a nombre de la Empresa Dhul.[44]
También está imputado el suegro del candidato a la presidencia de la Junta de Andcía, Javier Arenas, ya que su bufete de abogados asesoró legalmente y gestionó dichos expedientes de regulación de empleo y las prejubilaciones consecuentes.
[editar] Repercusiones

El 11 de marzo de 2011, Carmen Martínez Aguayo, ex consejera de Economía y Hacienda, reconoció que, cuando era viceconsejera del ramo, no prestó atención a los informes de la Intervención General de la Consejería de los años 2005, 2006 y 2007, en los que se avisaba de que el método utilizado en la elaboración de los EREs no era el más apropiado y que su uso podría permitir la inscripción de falsos trabajadores. Según su declaración, ignoró estos informes al considerar que no suponían una advertencia importante y, pese a que la ley le obligaba a hacerlo, no informó de ellos al por entonces consejero y actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán.[45] [46] Tanto el Partido Popular como Izquierda Unida han solicitado la destitución de Martínez Aguayo.[47] [48] El PP acusa a la consejera de hacer de "cortafuegos" para proteger al presidente autonómico y coincide en que ella no conocía el trabajo de la Intervención General, pero no por las causas que argumenta, sino porque los informes debieron ser entregados directamente a José Antonio Griñán,[49] y que tanto él como el entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, eran conscientes del riesgo que podría suponer el procedimiento utilizado para conceder las prejubilaciones y aun así no hicieron nada por evitarlo.[50] [51]
Es más, el Partido Popular ya señala a Chaves como la persona clave de este escándalo de corrupción, después de que se conociera que el expresidente andaluz participó personalmente en la negociación de siete ERE presentados por la empresa malagueña A Novo Comlink, en los que se encontraron 42 prejubilados falsos.[52]
Con estos argumentos, el vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha pedido también la dimisión de Griñán y Chaves -que ahora es ministro de Política Territorial y vicepresidente segundo del Gobierno de España- y ha anunciado que presentará una querella contra ellos.[53] La secretaria de organización del PSOE-A, Susana Díaz, defendió la actuación de Martínez Aguayo y la colaboración que presta su partido a la Justicia, y acusando al Partido Popular de "perseguir" a los socialistas mientras no combaten la corrupción de su propio partido, en clara alusión al caso Gürtel.[54]
Posteriormente, el 17 de marzo, el presidente andaluz, José Antonio Griñán, se pronunció en la sesión de control al Gobierno para respaldar la declaración de la consejera Martínez Aguayo, dando a conocer que nunca fue informado sobre la falta de seguridad del "fondo de reptiles" demostrada a la postre con la aparición de intrusos en los EREs.[55] El Partido Popular e Izquierda Unida han vuelto a exigir la destitución de la consejera por faltar a sus obligaciones y esta última formación también ha solicitado la celebración de elecciones anticipadas. Griñán ha contestado afirmando que agotará la legislatura, que termina en marzo de 2012. [56]
El 30 de marzo de 2011 la jueza Mercedes Alaya solicitó las actas de todas las las reuniones del Consejo de Gobierno de la Junta de los últimos diez años, para comprobar si en realidad el ejecutivo autonómico no era consciente de las irregularidades que se estaban materializando en los pagos de las prejubilaciones. En un principio, la Junta se negó alegando que las actas de sus reuniones son secretas y la jueza no tenía competencias para conocer su contenido,[57] aunque posteriormente accedió a remitir las actas en sobres lacrados y siempre con la condición de que el contenido de las mismas no sean revelados al público.[58]
El 1 de abril de 2011, el Parlamento de Andalucía rechazó una proposición no de ley del Partido Popular para reprobar la actuación de los consejeros de Empleo, Manuel Recio, y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, durante el escándalo de los ERE. Sólo apoyaron la moción los diputados del PP (47 votos). El PSOE, con su mayoría absoluta de 56 escaños, bloqueó la iniciativa. Los seis diputados de Izquierda Unida se abstuvieron, lo que provocó una fuerte discusión entre los portavoces de esta coalición y del PP.[59]
El 5 de abril de 2011 el Parlamento andaluz aprobó por unanimidad una petición para que la Cámara de Cuentas de Andalucía realizase un informe integral sobre todas las ayudas concedidas a los trabajadores de las empresas beneficiadas del "fondo de reptiles".[60] El 22 de junio, un mes y medio después, la Cámara de Cuentas inició la redacción de este informe. Ante esta tardanza, el PP y el PSOE se acusan mutuamente de ser los culpables de los retrasos.[61] El 3 de julio, el Tribunal de Cuentas del Estado admite a trámite una denuncia del Partido Popular e inicia una investigación paralela sobre los ERE irregulares, al entender que existe "un perjuicio a los fondos públicos".[62]
El 2 de agosto de 2011 un juzgado de Sevilla sentenció a 16 prejubilados irregulares de Mercasevilla a devolver el dinero público recibido en los ERE de esta empresa.[63]
[editar] Imputados

El sábado 10 de marzo de 2012, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ordena el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía durante nueve años, Francisco Javier Guerrero, ya que entiende que existe riesgo de fuga. Guerrero se convierte en el primero de los alrededor de 50 imputados que va a la cárcel por el presunto desvío fraudulento de 933 millones de euros.[64]

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BILLONES

  #18

La expresión «fondo de reptiles» procede de la época de la unificación de Alemania. El canciller Otto von Bismarck disponía de fondos robados en las guerras a sus enemigos. Con aquellos fondos financiaba propaganda a su favor y silenciaba a sus críticos (a los que él llamaba reptiles). La prensa utiliza este término para referirse al uso, presuntamente fraudulento por parte del PSOE, de los fondos de dinero público destinado a prejubilaciones, después de que utilizara este término por primera vez Francisco Javier Guerrero Benítez, ex director general de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.[4] También se emplea dicho término para los fondos secretos que la policía emplea, presuntamente, en pagar delatores.
[editar] Descripción del fraude

Desde el año 2000 hasta la actualidad, la Junta de Andalucía ha subvencionado prejubilaciones en 68 empresas que se acogieron a los planes gubernamentales de empleo.[5] El total del fondo destinado a ayudar a estas empresas durante este período, el llamado fondo de reptiles, ascendió a 647.869.157,45 euros, de los cuales 560 millones se utilizaron para pagar las prejubilaciones de los ERE, y los 87 millones restantes tuvieron el fin de respaldar procesos de reestructuración de empresas en crisis.[6]
La prejubilación es una fórmula de finalización de contratos laborales, utilizada por acuerdo entre las empresas, los trabajadores y en su caso la Administración, si participa en la financiación de estas. Pese a ser una fórmula que por sí misma no constituye una ilegalidad (de hecho, la práctica de la prejubilación está ampliamente extendida en las empresas españolas),[7] su uso en este caso está cuestionado por la Policía Judicial.[8]
El fraude se produce en la inclusión de falsos prejubilados en los expedientes de regulación de empleo de las empresas beneficiadas del fondo.[9] La investigación interna ha detectado 183 prejubilaciones irregulares en un total de 5.982 casos analizados, lo que supone el 3,06% del total, en 42 de las 68 empresas beneficiadas del fondo.[10] De las 183 irregularidades, 111 corresponden a trabajadores que cobraban una prejubilación mayor que la que les correspondería, y 72 eran personas infiltradas que jamás trabajaron en estas empresas. Entre los prejubilados irregulares, se encontraron a ocho militantes del PSOE,[11] que fueron expulsados del partido inmediatamente después de ser descubiertos en los EREs.[12] También se descubrió a un militante del Partido Popular entre los presuntos casos irregulares.[13] El resto de las prejubilaciones no presentaba ninguna anomalía.
Con todos los expedientes analizados, la investigación de la Consejería de Empleo, enviada a la jueza del caso, ha calculado que el 1,12% del fondo, es decir, aproximadamente nueve millones de euros, acabaron en las falsas prejubilaciones mencionadas arriba.[14] El resto habría ido a financiar las prejubilaciones restantes que no presentaban anomalías; sin embargo, la oposición del Partido Popular no cree en los datos de la Consejería de la propia Junta (que está implicada en la trama, ver abajo) y ha afirmado en repetidas ocasiones que la totalidad del fondo se ha utilizado de forma fraudulenta.[15] [16] El principal partido de la oposición también estima que existen 190 EREs ya finalizados que no han sido investigados y en los que podría haber prejubilados falsos, igual que en los EREs analizados por la Junta.[17]
[editar] Ayudas fraudulentas a empresas

Las subvenciones para empresas en crisis, como se indica arriba, ascendieron a 85 millones de euros. Estas eran gestionadas por el director general de Empleo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero Benítez, de una forma totalmente discrecional y arbitraria, sin ningún tipo de trámite ni control gubernamental o parlamentario. Guerrero llegó a autorizar peticiones de ayudas que le llegaban en un post-it.[18] La investigación de la jueza Mercedes Alaya ha dado a conocer que Guerrero otorgó 887 subvenciones de forma irregular. Ante estos datos, la jueza decretó el ingreso en prisión de Guerrero.[19]
Más de la mitad de estas subvenciones (50 millones de euros) tuvieron como destino a municipios de la Sierra Norte de Sevilla cuyos alcaldes eran del PSOE.[20] Entre los imputados por este fraude está Ángel Rodríguez de la Borbolla, alcalde de Cazalla de la Sierra, hermano del ex-presidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla y accionista de tres empresas que recibieron más de 6 millones de euros del "fondo de reptiles".[21]
El propio director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, se autorizó a sí mismo y a su chófer, Juan Francisco Trujillo, ayudas por valor de un millón y medio de euros, con el fin de constituir dos empresas y una granja de pollos en la Sierra Norte de Sevilla. El chófer de Guerrero anunció ante los medios que con ese dinero no se formó ninguna empresa, sino que fue gastado en cocaína, copas y prostitución.[22] . Igualmente, Trujillo también reconoció que sobornaba a Guerrero para conseguir más subvenciones.[23]
[editar] El método de investigación

La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía está colaborando con la jueza del caso en la investigación de las irregularidades de los EREs.[24] A principios de marzo del mismo año el caso se elevó a la fiscalía anticorrupción, afirmando el Fiscal General del Estado Conde-Pumpido que analizaría la documentación exhaustivamente y llegaría "hasta el final".[25]
La jueza que investiga el fraude está casada con Jorge Castro, que trabajó como auditor de la empresa Mercasevilla. Una denuncia contra dicha empresa fue el origen de la causa. El hecho de que el marido de la juez Alaya trabajara para ella ha servido de base para que un abogado haya presentado un escrito ante la juez para que esta aclare la "presunta lógica animadversión" entre su marido y Mellet, el director de la empresa investigado, que fue precisamente el que despidió a su marido por una negligencia continuada en el ejercicio de auditoria, detectada por una auditora externa encargada precisamente por Mellet, descontento con la situación que encontró al ser nombrado para el puesto. Dicho abogado preguntó a la instructora si ella había recibido "asesoramiento técnico extraprocesal" que pudiera haberle hecho perder su imparcialidad como instructora de la causa. Alaya rehusó hacer declaraciones para esta informacion.elpais
Desde febrero de 2011, el Parlamento andaluz está rechazando sistemáticamente la creación de una comisión de investigación para los ERE, mediante el veto de la mayoría absoluta del PSOE-A.[26] El Partido Socialista defiende el modelo utilizado de investigación interna y asistencia a la jueza y argumenta que el establecimiento de una comisión haría la investigación más larga y engorrosa.[27] Por su parte, los otros dos partidos de la cámara autonómica, el Partido Popular e Izquierda Unida, sospechan que la negativa del PSOE a crear la comisión parlamentaria se debe a que el propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán, estaría inmerso en la trama corrupta y sus compañeros de partido tratan de encubrirle. Los dos partidos opositores tienen intención de seguir pidiendo la creación de esta comisión de investigación y en el caso del Partido Popular, su portavoz Javier Arenas ya ha pedido la dimisión del presidente autonómico. Griñán ha contestado a estas peticiones afirmado que ni él ni ninguno de los actuales parlamentarios socialistas está implicado en la trama de los EREs irregulares.[28]
El 16 de marzo de 2011 la jueza Mercedes Alaya admitió la presentación de la Junta de Andalucía como acusación particular en el caso. Tanto la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, como el titular de Empleo, Manuel Recio, comparecieron para hacer constar su intención de recuperar todo el dinero que se haya pagado en las prejubilaciones falsas o irregulares descritas arriba.[29] [30]
[editar] Personajes públicos implicados

La Fiscalía ya ha solicitado una pena de inhabilitación de 21 meses y una multa de 900.000 euros para Antonio Rivas, exdelegado de Empleo en la provincia de Sevilla y considerado como el director de la presunta trama.[31] Rivas ya ha dimitido de su cargo.[32] El Partido Popular se ha presentado como acusación particular contra Rivas y el director de Mercasevilla, para los que pide penas de un año de prisión, 13 años de inhabilitación y multas de 3,6 millones de euros.[33]
De las presuntas prejubilaciones fraudulentas encontradas en el "fondo de reptiles", probablemente la más destacada sea la de Antonio Fernández García, ex-consejero de Empleo de la Junta durante la mayor parte de la realización de la trama. Fernández, incluido en el ERE de la empresa vinícola González Byass, figuraba en dicho expediente como trabajador de la empresa desde el día de su nacimiento.[34] El 14 de marzo de 2011 Fernández fue imputado por tres delitos, de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias.[35]
Otro caso con gran repercusión es el de Francisco Rodríguez Donaire, exalcalde y actual consejero socialista del ayuntamiento de Valverde del Camino (Huelva). Durante un tiempo trabajó como administrativo en las minas de Ríotinto, empresa beneficiada del fondo, pero en el ERE de esta empresa, Rodríguez Donaire figuraba como minero, con una prejubilación mucho más cuantiosa que la que le habría correspondido con su auténtico empleo (administrativo). Rodríguez Donaire asegura que nunca percibió ninguna prejubilación al ser incompatible con su sueldo de concejal.[36]
Ramón Polo, militante del Partido Popular y exconcejal de La Carolina (Jaén), es otro de los cargos políticos hallados entre los prejubilados irregulares de los ERE. Polo figuraba como prejubilado en el ERE de la empresa Gres de Vilches, donde sólo había trabajado 170 días.[13] El portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, compareció al conocer este caso, pidiendo explicaciones de cómo un empleado de esa empresa pudo prejubilarse con tan pocos días de servicio. El presidente del PP de la provincia de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, respondió inmediatamente a las palabras de Mario Jiménez, afirmando que la inclusión de Ramón Polo en el ERE de Gres de Vilches es una treta del PSOE.[37]
Cristina Ruiz, candidata incluida en la lista del PP a la alcaldía de Córdoba consiguió que su padre fuera asegurado en un ERE para una empresa en la que nunca trabajó, y, como gerente de PROMI, una empresa especializada en la atención a minusválidos, participó en un ERE en el que se colaron 18 "intrusos".[38]
El 7 de abril de 2011, el teniente de alcalde de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, de Izquierda Unida, fue imputado por participar en la venta, que los denunciantes estimaron fraudulenta, ya que el precio fijado fue inferior a los de mercado de entonces, aunque muy superior a los actuales, del suelo de Mercasevilla, una de las empresas en las que se detectaron irregularidades, para que las Viviendas de Protección Oficial que pensaban construir sobre él resultasen más baratas que los precios de mercado, lo que fue aprobado por unanimidad por el Consejo de Administración de Mercasevilla, incluídos los votos del Partido Popular.[39] Pese a esta acusación, Torrijos se presentó como candidato de IU a la alcaldía de Sevilla en las elecciones del 22 de mayo y fue elegido concejal.[40] El Partido Andalucista, que perdió todos sus escaños en el Ayuntamiento de Sevilla en las elecciones anteriores, solicitó su renuncia.[41] [42]
En diciembre de 2011 el ex-jugador de fútbol vasco, Pizo Gómez, fue acusado de cobrar un cheque de 460.742€ a su nombre por impartir su empresa, "Cenforpre", unos cursos de Prevención de riesgos laborales.[43]
Álvaro, hijo de Ruiz-Mateos, tenía una póliza a su nombre por valor de 2,4 millones de euros, en lugar de tenerla a nombre de la Empresa Dhul.[44]
También está imputado el suegro del candidato a la presidencia de la Junta de Andcía, Javier Arenas, ya que su bufete de abogados asesoró legalmente y gestionó dichos expedientes de regulación de empleo y las prejubilaciones consecuentes.
[editar] Repercusiones

El 11 de marzo de 2011, Carmen Martínez Aguayo, ex consejera de Economía y Hacienda, reconoció que, cuando era viceconsejera del ramo, no prestó atención a los informes de la Intervención General de la Consejería de los años 2005, 2006 y 2007, en los que se avisaba de que el método utilizado en la elaboración de los EREs no era el más apropiado y que su uso podría permitir la inscripción de falsos trabajadores. Según su declaración, ignoró estos informes al considerar que no suponían una advertencia importante y, pese a que la ley le obligaba a hacerlo, no informó de ellos al por entonces consejero y actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán.[45] [46] Tanto el Partido Popular como Izquierda Unida han solicitado la destitución de Martínez Aguayo.[47] [48] El PP acusa a la consejera de hacer de "cortafuegos" para proteger al presidente autonómico y coincide en que ella no conocía el trabajo de la Intervención General, pero no por las causas que argumenta, sino porque los informes debieron ser entregados directamente a José Antonio Griñán,[49] y que tanto él como el entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, eran conscientes del riesgo que podría suponer el procedimiento utilizado para conceder las prejubilaciones y aun así no hicieron nada por evitarlo.[50] [51]
Es más, el Partido Popular ya señala a Chaves como la persona clave de este escándalo de corrupción, después de que se conociera que el expresidente andaluz participó personalmente en la negociación de siete ERE presentados por la empresa malagueña A Novo Comlink, en los que se encontraron 42 prejubilados falsos.[52]
Con estos argumentos, el vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha pedido también la dimisión de Griñán y Chaves -que ahora es ministro de Política Territorial y vicepresidente segundo del Gobierno de España- y ha anunciado que presentará una querella contra ellos.[53] La secretaria de organización del PSOE-A, Susana Díaz, defendió la actuación de Martínez Aguayo y la colaboración que presta su partido a la Justicia, y acusando al Partido Popular de "perseguir" a los socialistas mientras no combaten la corrupción de su propio partido, en clara alusión al caso Gürtel.[54]
Posteriormente, el 17 de marzo, el presidente andaluz, José Antonio Griñán, se pronunció en la sesión de control al Gobierno para respaldar la declaración de la consejera Martínez Aguayo, dando a conocer que nunca fue informado sobre la falta de seguridad del "fondo de reptiles" demostrada a la postre con la aparición de intrusos en los EREs.[55] El Partido Popular e Izquierda Unida han vuelto a exigir la destitución de la consejera por faltar a sus obligaciones y esta última formación también ha solicitado la celebración de elecciones anticipadas. Griñán ha contestado afirmando que agotará la legislatura, que termina en marzo de 2012. [56]
El 30 de marzo de 2011 la jueza Mercedes Alaya solicitó las actas de todas las las reuniones del Consejo de Gobierno de la Junta de los últimos diez años, para comprobar si en realidad el ejecutivo autonómico no era consciente de las irregularidades que se estaban materializando en los pagos de las prejubilaciones. En un principio, la Junta se negó alegando que las actas de sus reuniones son secretas y la jueza no tenía competencias para conocer su contenido,[57] aunque posteriormente accedió a remitir las actas en sobres lacrados y siempre con la condición de que el contenido de las mismas no sean revelados al público.[58]
El 1 de abril de 2011, el Parlamento de Andalucía rechazó una proposición no de ley del Partido Popular para reprobar la actuación de los consejeros de Empleo, Manuel Recio, y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, durante el escándalo de los ERE. Sólo apoyaron la moción los diputados del PP (47 votos). El PSOE, con su mayoría absoluta de 56 escaños, bloqueó la iniciativa. Los seis diputados de Izquierda Unida se abstuvieron, lo que provocó una fuerte discusión entre los portavoces de esta coalición y del PP.[59]
El 5 de abril de 2011 el Parlamento andaluz aprobó por unanimidad una petición para que la Cámara de Cuentas de Andalucía realizase un informe integral sobre todas las ayudas concedidas a los trabajadores de las empresas beneficiadas del "fondo de reptiles".[60] El 22 de junio, un mes y medio después, la Cámara de Cuentas inició la redacción de este informe. Ante esta tardanza, el PP y el PSOE se acusan mutuamente de ser los culpables de los retrasos.[61] El 3 de julio, el Tribunal de Cuentas del Estado admite a trámite una denuncia del Partido Popular e inicia una investigación paralela sobre los ERE irregulares, al entender que existe "un perjuicio a los fondos públicos".[62]
El 2 de agosto de 2011 un juzgado de Sevilla sentenció a 16 prejubilados irregulares de Mercasevilla a devolver el dinero público recibido en los ERE de esta empresa.[63]
[editar] Imputados

El sábado 10 de marzo de 2012, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ordena el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía durante nueve años, Francisco Javier Guerrero, ya que entiende que existe riesgo de fuga. Guerrero se convierte en el primero de los alrededor de 50 imputados que va a la cárcel por el presunto desvío fraudulento de 933 millones de euros.[64]

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valle

  #19

Que este a salido absuelto...........

pero si este es un chorizo nato.

Si quieren detener a la verdadera mafia, vallan a wall street. (alcapone)

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BILLONES

  #20

Manos Limpias presentará ampliación de querella contra Griñan y Chaves, en el momento procesal oportuno, de la instrucción que lleva a cabo la Magistrada Mercedes Alaya sobre los Eres.

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