Se crea un Impuesto sobre las Transacciones Financieras, consistente en gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero.
Solamente se someterán a tributación al 0,2% las acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas.
Quedan fuera del ámbito del Impuesto la deuda, tanto la pública como la privada, y
los derivados. Según destacan los firmantes del acuerdo, se trata de una medida que proponen e impulsan 10 países de la UE.
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